Balconeando / Autocompras

Parece que ya está olvidado que el Cabildo del Ayuntamiento anterior aprobó la venta de 78 terrenos supuestamente para pagar deudas y mejorar servicios públicos; y que algunos de esos predios fueron adquiridos por ex funcionarios, amigos y prestanombres de políticos. . .

Si nos remontamos al 11 de abril de 2014, recordaríamos que durante una sesión privada de Cabildo de carácter extraordinario, la entonces presidenta municipal de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, solicitó un punto de acuerdo buscando cambiar la condición jurídica de 78 bienes inmuebles propiedad del gobierno municipal paceño, y así podrían pasar de dominio público a dominio privado, esto a fin de ser vendidos y obtener recursos para sanear las finanzas públicas del XIV Ayuntamiento local.

Estos bienes inmuebles eran parte del patrimonio del gobierno paceño, ya que habían sido obtenidos de la donación de los desarrolladores de fraccionamientos, al ser obligados estos a entregar el 10 por ciento del área lotificable vendible -según la Fracción III Artículo 27 de la Reglamento de Fraccionamientos del Estado- y cuyas propiedades debían ser destinadas para equipamiento urbano de la capital.

En ese entonces la justificación de la ahora diputada federal fue que se ocupaba brindar “una mejor prestación de los servicios públicos, tales como seguridad, recolección de basura, pavimentación, mantenimiento de parques y suministro de agua”.

Pero con tal acción el Ayuntamiento de La Paz caía de nueva cuanta en el escándalo, pues se gestaba la autocompra en varios de esos predios por parte de ex funcionarios de la mismísima administración anterior.

Por tal motivo se requería que el patrimonio municipal de los paceños fuera desafectado, es decir, cambiar la condición jurídica de los terrenos y que a partir de ahí, pudiesen ser “enajenables, prescriptibles y embargables”, y así tener la posibilidad de venderlos a través de las figuras de permuta, hipoteca, compraventa y donación en pago.

Se supone que el dinero obtenido de la venta del patrimonio municipal iba a ser utilizado “en el pago de pasivos y el gasto del empate de recursos con el Estado y la Federación para la ejecución de obras sociales y turísticas”.

Pero resultó que la propuesta del cambio de situación jurídica era porque “no podían ser vendidos” por ser bienes inmuebles considerados del dominio público, o sea, por ser equipamientos urbanos tales como áreas verdes, parques, canchas deportivas y espacios públicos de uso predominante para la población.

Pero la magnánima de Esthela de Jesús Ponce Beltrán informó con bombo y platillo que el Ayuntamiento que presidía era el legítimo propietario de los 78 bienes inmuebles, esto según constancia en los planos de lotificación debidamente autorizados por las direcciones generales de Desarrollo Urbano, Ecología y Catastro, los cuales ya estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Las propiedades estaban localizadas en las colonias Paseos del Sol, Marina Sur, Diana Laura, Santa Gertrudis, El Palmar II, Santa Fe, Calafia, Villas del Encanto, Paraíso del Sol II, Miramar, Tierra Café, Santa María, Campestre La Paz, Las Rinconadas de las Californias, San Rafael II, Villas de La Paz, Valle del Mezquite, Conchalito y Camino Real; así como las zonas rurales de San Pedro, Plutarco Elías Calles, El Pescadero, El Centenario, Carretera Pichilingue, Carretera Los Planes y Laguna de Oxidación.

Sobre la aprobación en cuestión todo pareciera estar correcto, de no ser porque =a la vuelta de casi tres dos años= algunos de los terrenos aparecieron registrados a nombre de ex funcionarios, amigos y prestanombres de los ex alcaldes de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez.

Habrá quien piensa o crea que esto no es así y sus razones válidas tendrá, pero entonces es cuando uno se pregunta: ¿Por qué Silvia Aguilar Baltazar, prestanombres del ex alcalde de La Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez, se le adjudicó un terreno de 7 mil 798 metros 77 centímetros cuadrados de un predio en la colonia Villas del Encanto, por una supuesta deuda de 2 millones 505 mil pesos 866 mil 34 centavos a la compañía Autoservicios Aguilar?

O bien: ¿Por qué a Antonio Alejandro Manríquez Bancalari, el ex director de Fomento Económico en la pasada administración obtuvo dos predios, uno de 934 y otro de 933 metros cuadrados en la comunidad de El Pescadero?

¿O que alguien explique porque Moisés Pérez Correa, presidente en ese entonces de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, se le adjudicó un terreno de 663 metros cuadrados en la colonia Paraíso del Sol II?

¿O que se nos diga fehacientemente porqué  Elías Higuera Amador, secretario general en ese entonces del Partido Progresista obtuvo tres terrenos? Uno de 6 mil 670 metros cuadrados, otro de 5 mil 121 metros cuadrados y uno más de 5 mil 11 metros cuadrados sobre la carretera a Los Planes.

¿Y qué decir de José Gildardo Osuna Santos, a quien se le adjudicó un predio de 14 mil 726 metros cuadrados en la carretera a Los Planes?

Sobre estos hechos el aún alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, anunció que abriría un proceso para recuperar los terrenos dados en pago a supuestos proveedores de la pasada administración. ¿Pero qué pasó? Nada, absolutamente nada, simplemente se ha convertido en un cómplice más de la marrullería y la corrupción.

¿Se hará algo al respecto antes de que deje o termine su gestión Armando Martínez Vega? La verdad es muy difícil saberlo, por eso mejor quien esto escribe seguirá Balconeando. . .


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Una Respuesta de Balconeando / Autocompras

  1. Gustavo 18/07/2017 en 9:51 PM

    Los funcionarios corruptos desfilan en cada administración robando a la población y haciendo gala de impunidad. Es vergonzoso que la población siga votando por los partidos políticos que lo roban. El municipio de La Paz, el estado de BCS y todo México necesita un cambio, ya que en todos los estados los gobernadores y presidentes municipales roban a manos llenas sin que exista repercusión por sus latrocinios… pues campea la impunidad.

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