Balconeando / Acaudalados gobernadores

La semana que recién termina ha dejado mucho ruido en contra del ex gobernador sudcaliforniano, Marco Alberto Covarrubias Villaseñor

mcvLa semana que recién termina ha dejado mucho ruido en contra del ex gobernador sudcaliforniano, Marco Alberto Covarrubias Villaseñor,  y el mandatario bajacaliforniano, Francisco Vega de Lamadrid, pues ambos fueron señalados y denunciados por el delito de peculado, y con ello la Península de Baja California, aún pintada en tonos albiazules,  se ha convertido en sinónimo de corrupción y pillajes.

En el primero de los casos la Auditoría Superior de la Federación radicó el pasado 22 de junio media docena de denuncias por el delito de peculado en contra de Covarrubias Villaseñor, esto por simular devoluciones de fondos federales.

Estas denuncias fueron interpuestas luego de que se encontraron inconsistencias en el manejo financiero estatal de programas en materia de salud y educación. De esto último solo hay que recordar que en la Secretaría de Educación Pública en esa época, la directora administrativa era la hoy Contralora General del Estado, Sonia Murillo, y el titular de la SEP era y sigue siendo el nefasto y retrógrada de Héctor Jiménez Márquez, y quizás eso sea por lo que ambos siguen siendo mantenidos en el equipo de trabajo de Carlos Mendoza Davis, pues movieron recursos federales al antojo de su anterior “patrón” y con la investigación que se está haciendo saldrá a relucir donde fueron a parar esos pesos y centavos.

El mecanismo de la supuesta simulación  de devolución de fondos federales, de la que es acusado Marcos Covarrubias, consistía en depositar el dinero a una cuenta y notificar de ello a la autoridad; cuando la Auditoría Superior de la Federación registraba como “solventado” este recurso,  y se retiraban los fondos y se les daba otro uso, situación que repito, la Contralora Murillo y el aún titular de SEP.

Los hechos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación se registraron entre el 2011 y 2013, y de acuerdo con la querella presentada ante la PGR por el ente fiscalizador del Poder Legislativo, el monto del fraude es de 88 millones de pesos, aproximadamente.

Ahora bien, por el otro lado, desde mayo del 2013 existe una denuncia penal por peculado y enriquecimiento ilícito en contra el gobernador Francisco Vega de Lamadrid por la compra de propiedades en México y Estados Unidos con un valor de 113 millones de pesos.

Las propiedades supuestamente se adquirieron a través de terceras personas, amparadas en los cargos públicos que ostentaban entonces, de acuerdo con la denuncia interpuesta por la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, en aquel tiempo dirigente estatal del PRI en el vecino estado del norte.

Sin embargo, la querella se perdió en el laberinto burocrático de la justicia durante la gestión del procurador Rommel Moreno Manjarrez, actual funcionario del Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal.

Es más, el Instituto Nacional Electoral impuso en julio de ese año una sanción de 600 mil pesos a los partidos Partido Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Social por el uso indebido de la información contenida en la malograda querella, con la difusión del spot “Kiko no es fiar”, pautado por el propio organismo electoral para su transmisión en radio y televisión, según el expediente SCG/PE/PAN/CG/28/2013.

El INE validó la queja del PAN, que adujo que se trataba de un promocional que denostaba a Vega de Lamadrid y calumniaba a ese instituto político.

Una vez que Kiko Vega se convirtió en gobernador electo, trascendió la cuantiosa inversión que realizó en Baja California Sur en el consorcio turístico “El Anhelo Baja Resort”. Incluso el mismo mandatario reconoció en su momento que su participación fue en especie al ceder a sus socios terrenos de su propiedad frente al mar.

Sin embargo, tiempo después el diputado Luis Moreno Hernández dio a conocer que Kiko Vega había mandado construir una nueva casa en la avenida Maltrata, colonia Cumbres de Juárez, de la ciudad de Tijuana. La residencia ocupa una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados y está valuada en 4 millones de dólares aproximadamente.

Para Moreno Hernández es inexplicable la riqueza del mandatario estatal, cuando su sueldo es de 110 mil pesos mensuales, además de que inició su actividad empresarial con casas de empeño.

Pero dicha casa no es la única. También posee inmuebles en San Diego, California, Acapulco, Guerrero, Ciudad de México, Cancún, Quintana Roo, Tijuana, Baja California y Los Cabos, Baja California Sur.

La diputada federal Nancy Sánchez, del PRI, ha comentado que aparte de las propiedades que posee Kiko Vega, sus hijas Zaira y Zarema Vega Labastida, y su actual esposa, Brenda Ruacho, también cuentan con inmuebles que han sido adquiridos a través del socio del gobernador, Enrique Rafael Victoria Espinoza.

Éste aparece como comprador inicial de las propiedades, al igual que Zarema y Zaira, otras más en sociedad con sus hermanos y también en las que su mamá aparece como vendedora y otras como beneficiaria.

En una conferencia de prensa que ofreció en 2013 para informar sobre la denuncia penal contra Kiko Vega, en la que estuvo el senador Héctor Yunes, advirtió Kiko es propietario de siete bienes inmuebles en Estados Unidos con un costo de 57 millones de pesos, y de 17 propiedades en México con un valor de 76 millones de pesos, “obtenidos de manera dudosa y discrecional”.

De acuerdo con la denuncia, en febrero de 1992, Kiko Vega de Lamadrid compró una casa en el exclusivo fraccionamiento Chapultepec de Tijuana, con una superficie de 525 metros cuadrados y valor catastral de 2 millones 615 mil pesos, justo cuando era director de Inmobiliaria del Estado, en el gobierno de Ernesto Ruffo.

En julio de 1994, Inmobiliaria del Estado vendió a su socio Enrique Victoria un terreno de 2 mil 358 metros cuadrados –ubicado en el fraccionamiento Mariano Matamoros– en 209 mil pesos, y en enero del año siguiente Kiko Vega compró esa superficie, cuyo valor supera los 6 millones 281 mil pesos.

En noviembre de 1998, a unos días de convertirse en alcalde de Tijuana, compró en 1.2 millones de pesos un predio de 2 mil 458 metros cuadrados en el fraccionamiento Alcalá. El valor, a mediados de 2013, era de 5 millones de pesos.

En el segundo año de su gestión municipal, en mayo del 2000, se inició la construcción de 23 condominios en la avenida Ermita, con valor de 10 millones 350 mil pesos.

En 2001, Kiko Vega buscó por primera ocasión ser candidato del PAN al gobierno de Baja California, pero al no conseguirlo regresó a la administración pública municipal, y durante el último semestre de su gobierno adquirió un terreno por 2 millones 360 mil pesos.

Además ordenó la desincorporación del patrimonio de Tijuana de un terreno de 9 mil metros cuadrados y otro de 8 mil 326 metros cuadrados, mismos que fueron adquiridos en 5 millones 503 mil 732 pesos por Enrique Victoria Espinoza. Esta propiedad, cuyo valor asciende a 22 millones de pesos, Kiko Vega la pagó al mismo precio.

Ahora bien, el hermetismo y sigilo de las doce denuncias por peculado en contra de Marcos Covarrubias Villaseñor no permite saber a ciencia cierta de que más se le acusa aparte del desvío de poco más de 88 millones de pesos, por lo que abriendo los expedientes a la opinión pública el asunto del jalisciense radicado desde hace años en El Valle podría disparar cifras que a muchos nos parecerán increíbles.

Bien reza el adagio popular que señala que el carnicero de hoy podrían ser las reses de mañana. ¿Será verdad, será mentira? No lo sé,  mejor quien esto escribe mientras tanto seguirá Balconeando. . .


* * *


Anúnciate en Peninsular Digital

 

¿Quires anunciarte en Peninsular Digital?

Aquí puedes descargar nuestras tarifas.

Email de contacto: publicidad@peninsulardigital.com.