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Encuentran 20 violaciones en la iniciativa laboral

diputados federales

Legisladores buscan parar discusión sobre temas que contradicen la Constitución, como outsourcing

México, D.F.- Con la Constitución en la mano, los diputados sindicalistas del PRI, PRD y Nueva Alianza buscarán en los próximos días demostrar en San Lázaro que alrededor de 20 propuestas de la reforma laboral del presidente Calderón atentan contra el artículo 123 y que, por lo tanto, no pueden ser parte de una nueva ley federal del trabajo.

Bajo el argumento de que la iniciativa preferente del Ejecutivo federal, prerrogativa que por primera vez se analiza en el Congreso, no puede contradecir ni transformar a la Carta Magna, los legisladores procedentes de organizaciones gremiales buscarán parar de tajo la discusión en torno a temas y artículos que contradicen, vulneran y se oponen a ésta.

De acuerdo con un análisis que circula entre los diputados sindicalistas, el proyecto de Calderón atenta en su artículo 2 y 3 contra los principios y fines del derecho laboral, correspondientes a equilibrar al capital y al trabajo.

Destacan en su análisis que la reforma laboral presidencial es violatoria a la Constitución cuando propone la subcontratación, así como el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar y la contratación temporal.

Califican también como inconstitucional la propuesta de eliminar la juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que éstas son, sostienen los legisladores, el único medio al alcance del trabajador para acceder a la justicia laboral.

Evasión de responsabilidades

En cuanto al outsourcing, alertan que es violatorio a ocho fracciones del Apartado A del Artículo 123 constitucional, “debido a la evasión de responsabilidades por parte del patrón hacia los trabajadores, violentando con ello derechos adquiridos como la participación en las utilidades de las empresas”.

De acuerdo con este análisis, la propuesta de Calderón de subcontratación también contraviene el deber constitucional del empleador de capacitación o adiestramiento para el trabajo; su responsabilidad en los accidentes laborales y en las enfermedades de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o el trabajo.

Impugnan los diputados la incorporación en la iniciativa presidencial de nuevas figuras de contrato de trabajo, de temporada y la capacitación inicial establecidas en los artículos 25, 35, 39 y 83.

Al respecto, señalan que “se consideran innecesarios los contratos de temporada o de capacitación inicial. El de temporada se subsume en el contrato de tiempo determinado y el de capacitación inicial pretende evadir la responsabilidad o la obligación del patrón para capacitar a sus propios trabajadores”.

Consideran por lo tanto que en el proyecto de Calderón “hay una falta de técnica legislativa de querer regular figuras ya previstas”.

Otros de los puntos cuestionados por los diputados sindicalistas del PRI, PRD y Nueva Alianza son: la suspensión de las relaciones laborales y del pago de salarios; rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el patrón; el límite del pago de salarios caídos hasta por 12 meses y pago de intereses sobre el importe de 15 meses de salarios.

Consideran igualmente contrario al artículo 123 las propuestas de productividad, formación y capacitación de los trabajadores; las medidas en caso de contingencia sanitaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; así como las formuladas en torno a los trabajadores domésticos.

Igualmente tienen señalamientos críticos sobre la iniciativa en lo correspondiente a trabajos en minas.

Una de las mayores impugnaciones se presenta en torno la información de los registros de los sindicatos; relaciones colectivas de trabajo y las propuestas para la rendición de cuentas con relación al patrimonio sindical y la creación de la figura del auditor externo.

Patrimonio sindical

Se inconforman con el artículo 380 de la iniciativa para el reparto del patrimonio sindical en caso de disolución; así como con los 15 artículos relacionados con el derecho de huelga y la facultad de la Junta para declarar su terminación.

Los cambios rechazados por los legisladores que también son líderes gremiales se relacionan además con las normas para el pago de la indemnización en caso de muerte del trabajador.

Critican además la propuesta de Calderón de elevación del nivel cultural de los empleados de la Secretaría del Trabajo porque contraviene, dicen, la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123.


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