Que no hay distingos en el caso del hotel Buenaventura asegura la PGJE

El hotel Buenaventura en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur, no está asegurado por la Procuraduría General de Justicia del Estado aseveró el subprocurador de la zona norte, licenciado Hugo Paul Galindo, quien reitera que la institución actúa en estricto apego a derecho en la integración de las Averiguaciones Previas que en torno al caso están asentadas en la Agencia del Ministerio Público, desde pasadas administraciones e interpuestas por las partes involucradas en el conflicto de posesión de tierras en donde se acusan mutuamente de despojo, entre otros delitos.

El representante social amplía la información sobre la  investigación de los delitos del Fuero Común derivados de los hechos ocurridos el domingo 5 de febrero del 2012 en la playa Buenaventura y rechaza que la investigación se realice de manera parcial para favorecer o dañar intereses de particulares.

Explicó que la intervención del Agente del Ministerio Público se dio a raíz de la denuncia interpuesta por  la C. María Olivia Higuera Aguilar mediante la cual señala la comisión de los delitos de Despojo Agravado, Robo Agravado y Amenazas cometidos en su contra por parte de Mario Alan Pérez Rivera y María Elizabeth Espinoza Montaño.

 La denunciante María Olivia Higuera Aguilar presentó ante el Agente del Ministerio Público copia certificada de la restitución de tres inmuebles que se encuentran en la playa denominada Buenaventura en el municipio de Mulegé realizada por el Tribunal Agrario en noviembre del año próximo pasado y de la cual gozaba de posesión al momento de la comisión del delito.

Como se comprometió la actual administración,  desde el mes de abril del 2011 la impartición de justicia se brinda para proteger las garantías consagradas en  la Carta Magna y el Código Penal y Procedimientos Penales en el Estado sin distinción alguna, dando certeza jurídica a las propiedades e inversiones en el Estado. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado asevera que las posibles reacciones de quienes se sientan afectados porque en pasadas administraciones pudieron haber sido favorecidos con un trato deferente y que ahora pretenden  litigar en los  medios de comunicación a manera de ejercer presión, no influirán en la invariable decisión de aplicar la Ley sin distingos de ninguna índole.

Se reitera el alienable compromiso de  garantizar la tranquilidad que ha distinguido a Baja California Sur, en coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

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