Fracasa el Estado en garantizar seguridad

La violencia que está afectando la seguridad de las familias es consecuencia de la desatención en la prevención, procuración y administración de justicia y readaptación social, que no existe por sobrepoblación y falta de empleos

 El Estado no ha sido capaz de cumplir con su función primordial de preservar la paz y la tranquilidad para que la sociedad se desarrolle, evidenció el general César Amador Soto, diplomado de Estado Mayor y que durante 12 años fue jefe de seguridad del Estado Mayor Presidencial.

Expositor ante el Grupo Madrugadores de La Paz señaló el militar en retiro que por falta de acción se rompieron y están sin cohesión los eslabones principales de la seguridad pública, que son prevención del delito por la Policía Municipal; procuración de justicia, por la PGJE, ahora en manos de un abogado cuestionable, de acuerdo a la percepción de la voz popular; administración de justicia, con un rezago visible en los tribunales y en las resoluciones que dictan los jueces; y readaptación social, que de hecho es imposible por una serie de errores.

El más visible es en el pomposamente llamado Centro de Readaptación Social de La Paz. Fue construído para un máximo de 450 internos y actualmente alberga a por lo menos el triple; la Federación y el Estado destinan recursos insuficientes para readaptar a los reos, de suerte que al interior del reclusorio no existen fuentes de trabajo, algo que ayude a regenerar a quien delinque. Entre las principales causas del delito se encuentran desempleo, con el 15.9 por ciento; problemas económicos, el 31.1; y pobreza el 10.3%, en cuanto a los delitos del orden común; la mayoría de internos fueron acusados de robo o por causar daños a la propiedad ajena, derivada de accidentes de tránsito y en cuanto a los delitos de orden federal el mayor número de presos fueron implicados en delitos contra la salud, en sus diferentes modalidades: tráfico, posesión, transportación, etc.

De esta manera, ociosos y sin trabajo, los internos no se readaptan y cuando compurgan sus condenas, ningún empresario les quiere dar trabajo. Hubo alguna vez un programa bien intencionado: la Casa a Mitad del Camino, que nunca fue operada y la construcción posteriormente fue ocupada, como lo está hasta la fecha, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La percepción de inseguridad y la falta de confianza en las instituciones de justicia ya está haciendo crisis en La Paz, pero no fue un hecho de la noche a la mañana, sino que es producto de lo que los sucesivos gobiernos han dejado de hacer en cuestión de seguridad pública, mientras que el narcotráfico y el crimen organizado fueron permeando en las corporaciones policiacas.

Todavía puede haber soluciones, pero eso solo si la sociedad participa, vence su desconfianza y obliga a actuar a las autoridades, porque el nivel de confianza en las instituciones es muy bajo; sólo el 4.9 por ciento de los ciudadanos confían en la policía; apenas 4.5 de la población confía en los sindicatos, cinco por ciento confía en los senadores y cinco de cada cien confían en los diputados; es la iglesia la que tiene el mayor nivel de confianza, siete de cada diez ciudadanos, pero lo peor es dejar que las cosas sigan y que la gente siga cruzada de brazos.


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