Empresarios exigen a diputados

Urge Coparmex al Congreso para que empaten las elecciones, pues la ciudadanía no quiere un presidente municipal de año y medio ni un gobernador de 2 años y se evite el dispendio de recursos

El Congreso del Estado ignoró la propuesta hecha por el Centro Empresarial de Baja California Sur para reformar la constitución local, que hubiera permitido homologar las elecciones muncipales y la estatal con la federal, con el fin de ahorrar recursos, acusó Guillermo Beltrán Rochín, presidente del sindicato patronal.

En su propuesta de reformas a la Ley Electoral, Coparmex propuso establecer la obligación para los partidos de que rindan un informe de ingresos y de egresos de los procesos electorales, y el empate de las elecciones locales con la federal para reducir el dispendio, y que se eleve a rango constitucional la revocación de mandato, cuando se compruebe que un funcionario es inepto para ocupar un cargo.

Coparmex propuso redistribuir el financiamiento público anual para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en función al producto obtenido al multiplicar la totalidad de votos emitidos por los ciudadanos en los últimos comicios locales por el importe del salario mínimo vigente para B.C.S., y no en función al número de electores registrados, en el año, del padrón electoral en el Estado. Establecer y elevar a rango constitucional la equidad de género, para los partidos políticos, en la participación de los aspirantes a cargo público.

Establecer y elevar a rango constitucional el instrumento ciudadano de revocación de mandato.

Fortalecer la participación ciudadana a través de los instrumentos de referéndum, plebiscito e iniciativa ciudadana.

Regular en la norma respectiva, en forma clara y certera la definición de actos de precampaña así como su publicidad y medios de fiscalización. Asimismo deberá definir en forma clara los actos anticipados de precampaña.

Acotar los períodos de propaganda de precampaña a sesenta días antes del inicio del proceso electoral.

Consolidar las facultades de fiscalización del IEE otorgándole acceso al secreto bancario, fiduciario y fiscal de los partidos y organizaciones políticas.

Otorgar facultades o convenios de colaboración con la SHCP y el SAT para exhortar a los particulares a rendirle informes al IEE sobre la prestación de servicios hecha a partidos por cualquier clase de publicidad política.

Establecer en ambos ordenamientos la obligación de los partidos políticos de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en términos de la propia Ley de Transparencia.

Establecer la obligación de rendir informes de ingresos y egresos de los procesos internos de los aspirantes a candidatos a de elección popular, así como de las precampañas, los cuales deberán presentarse al momento de registro en el proceso interno.

Aumentar los porcentajes de votos que se requieren para acceder a cargos de representación proporcional.

Establecer la obligación para que los partidos políticos cumplan ante el SAT sus obligaciones fiscales, tales como el pago de impuestos por los ingresos por autofinanciamiento.

Propone un catálogo de infracciones, sanciones, delitos y penas debidamente fundamentados, en estricto apego a los principios constitucionales y generales de derecho que previenen la tipificación en el derecho penal, estableciendo la cuantificación de la sanción en mínimos y máximos.

Sin embargo, dijo Beltrán, el Congreso ignoró todas las propuestas ciudadanas y ya elaboró un dictamen, completamente diferente a lo que le fue solicitado por los organismos ciudadanos.


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