Desconfianza ciudadana en la elección de procurador

Se señala a Karim Francisco Martínez Lizárraga y Adrián Real Ordaz como personas afines al ejecutivo y al ex procurador y la elección de cualquiera de ellos impedirá que se den los cambios que está reclamando la ciudadanía en la procuración de justicia

 Existe una gran desconfianza ciudadana en la elección que hará este día el Congreso del Estado del nuevo procurador de Justicia, porque de la terna propuesta por el gobernador al pleno de los diputados, los abogados Karim Francisco Martínez Lizárraga y Adrián Real Ordaz son afines al ejecutivo y al ex procurador, respectivamente, por lo que con la elección de cualquiera de ellos, se impediría que la impartición de justicia responda a los reclamos de la ciudadanía, señaló Ricardo Barroso Agramont, presidente estatal del PRI.

Agregó que “ante una circunstancia difícil en materia de seguridad pública, la sociedad espera que quien sea electo procurador de Justicia, tenga el perfil de un funcionario independiente, con trayectoria y compromiso social, porque sin poner en duda las cualidades profesionales de quienes integran la terna, la procuración de justicia no debe estar sujeta a compromisos políticos, privilegios y corruptelas, como ha sucedido hasta ahora”.

Por ello, sostuvo “es importante que la ciudadanía exija de los funcionarios que encabezan los órganos de justicia, imparcialidad y honradez para cumplir con responsabilidad que implica el cargo”.

Aseguró que la sociedad en general está a la expectativa por el enorme rezago que existe en la administración y procuración de justicia, en un estado que día con día pierde gobernabilidad, mientras la incertidumbre ciudadana crece por los hechos de sangre que siguen sin aclararse como tampoco, hasta ahora, se han deslindado jurídicamente las responsabilidades del ex procurador, los ministerios públicos y los agentes de la policía judicial que dejaron escapar al asesino del joven Jonathan Hernández.

“En manos de todos los diputados del Congreso local está la decisión sobre el rumbo que tomará la procuración de justicia en Baja California Sur y serán ellos los únicos responsables, si se equivocan en su decisión, de que los sudcalifornianos sigan sufriendo las consecuencias de una mala procuración de justicia, sometida a los caprichos del ejecutivo, a los intereses políticos partidistas y a la corrupción que se ha enraizado en los responsables de impartir justicia”.

En este sentido, Barroso Agramont hizo pública la solidaridad del Comité Directivo Estatal con el diputado José Humberto Mayoral López, cuyo hijo fue golpeado y torturado en Mulegé por agentes de la Policía Ministerial, lo que dijo “es un ejemplo más del abuso de poder y la impunidad que caracterizan al actual régimen perredista y que podría continuar, si los legisladores no toman la decisión adecuada”.


* * *

Anúnciate en Peninsular Digital

 

¿Quires anunciarte en Peninsular Digital?

Aquí puedes descargar nuestras tarifas.

Email de contacto: publicidad@peninsulardigital.com.