Escándalo en Brasil

Ex asesora de Dilma, involucrada en red de sobornos

Erenice Guerra

Erenice Guerra habría pagado a funcionarios para cancelar multas a varias empresas.

Brasilia.– El nuevo escándalo de corrupción que sacude a Brasil y que superaría con creces las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras, involucra a una exministra de Luiz Inácio Lula da Silva y exasesora cercana a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Se trata de la abogada Erenice Guerra, quien fuera jefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno de Lula, al sustituir en ese cargo a la actual mandataria, cuando ésta lo dejó para dedicarse a la campaña que la llevó a conquistar su primer mandato.

Los presuntos nexos de Guerra con este último escándalo fue reportado por la revista semanal Veja en su edición de este fin de semana.

La sospecha es que Guerra integró una red que operó durante años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda. La acción del grupo consistía en sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan las multas por evasión fiscal impuestas por la Recaudadora Federal a grandes contribuyentes.

La red habría causado un perjuicio al fisco de unos 19 mil millones de reales (unos seis mil millones de dólares) y según un reportaje de la semana pasada del diario O Estado de Sao Paulo, grandes multinacionales habrían pagado los sobornos para evadir impuestos y multas.

La presunta vinculación de Guerra con el grupo se basa en un contrato que la abogada firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en el cual Guerra se comprometió a prestar “servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal”.

Para cumplir el acuerdo, Guerra se habría asociado secretamente con el también abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero de 2014, y es señalado como uno de los líderes de la red ilegal.

La deuda con el fisco que cuestiona el grupo chino asciende a 705.5 millones de reales (227.6 millones de dólares). Según lo acordado, la abogada recibiría 1.5% de lo que la empresa dejara de pagar al Estado.

Esta no es la primera vez que Guerra se ve involucrada en un caso de corrupción. De hecho, cinco meses de asumir el Gabinete Civil de la Presidencia de Lula, tuvo que dejar el cargo bajo la acusación de interferir en favor de negocios pertenecientes a su hijo y su marido.

El nuevo escándalo involucra a importantes empresas nacionales y extranjeras, entre otras la propia estatal Petrobras; la constructora Carmago y Correa; la distribuidora de energía Light; los bancos Bradesco, Santander, Safra, Pactual y Bank Boston; las montadoras de vehículos Ford y Mitsubishi; el grupo de comunicación RBS; y el grupo BR Foods, un gigante del ramo alimenticio, entre otras.

Todas las empresas sospechosas niegan conocer el tenor de las denuncias y cualquier vinculación con las mismas.

El estrecho vínculo laboral entre Guerra y Rousseff comenzó cuando esta última comandaba el Ministerio de Minas y Energía, y designó a Guerra para dirigir la consultoría jurídica de esa cartera.

Más tarde, cuando Rousseff fue designada por Lula como jefa del Gabinete Civil, se llevó consigo a Guerra, a quien colocó en el segundo cargo más importante de ese organismo, la secretaría ejecutiva.


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