Valla de ministeriales detuvo al padre de Jonathan en el Congreso
Daniel Hernández Aguirre
El señor Hernández Aguirre buscó encarar al titular de la Procuraduría General de Justica del Estado (PGJE), Gamil Abelardo Arreola Leal, durante su última comparecencia “pública” ante el Congreso del Estado el pasado 29 de mayo, sin embargo no le permitió el acceso a la Sala de Comisiones Lic. Armando Aguilar Paniagua una “barrera de ministeriales”.

La Paz, Baja California Sur.- “La única manera de que me paren es que me maten, igual como lo hicieron con mi hijo”, asiente Daniel Hernández Aguirre, padre del joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, asesinado de manera pública el 4 de marzo de 2010. Un caso que abrió la caja de pandora de la Procuraduría de Justicia Del Estado, saliendo a relucir impunidad, influyentismo y corrupción desmedida en las cumbres políticas.

Como en otras ocasiones, el señor Hernández Aguirre buscó encarar al titular de la Procuraduría General de Justica del Estado (PGJE), Gamil Abelardo Arreola Leal, durante su última comparecencia “pública” ante el Congreso del Estado el pasado 29 de mayo, sin embargo no le permitió el acceso a la Sala de Comisiones Lic. Armando Aguilar Paniagua una “barrera de ministeriales”. Aún así no se quedó callado y a pecho abierto gritó entre los resquicios de las puertas de cristal donde se ejecutaba el evento, reclamándole a Arreola Leal su pobre desempeño y a los diputados locales su conformismo.

El padre del joven abogado asegura que “lo mismo que hizo la procuraduría de la administración pasada lo hace esta administración”, mientras Narciso Agúndez Montaño protegió a los culpables, Marcos Covarrubias Villaseñor busca cerrar el caso a como dé lugar.

“Aquí ya llevan dos años burlándose, mintiéndonos. Liberaron a los únicos cómplices porque Gamil consideró que ellos no mataron a Jonathan, pero jamás dijimos nosotros o el expediente que ellos habían matado a Jonathan, ellos fueron cómplices, ellos participaron, mas no ellos mataron a Jonathan. El único que se ha dicho siempre que tuvo que ver, que accionó un arma, fue Gary Gaines, y ni siquiera se le trajo a interrogar. Se le liberó”.

Daniel Hernández hizo notar que los funcionarios en turno tienen prisa por dejar atrás el caso Jonathan porque se acercan las campañas y prefieren no tener el lastre de la impunidad, sin embargo adelanta que su lucha persistirá y que en 2015, si todo sigue igual, no faltará a los actos de campaña:

“Ellos van a decir puras cosas bonitas y ahí vamos a estar para desmentirlos. Yo ahí voy a estar, porque a lo que estoy viendo Marcos Covarrubias no me va a hacer justicia […] Para mí, en este momento, esta administración está peor que la pasada, al menos respecto al caso de mi hijo […] Marcos Covarrubias, Gamil Arreola, Armando Martínez, Mendoza, se comprometieron a aclarar, así como todos los candidatos, y tengo las tarjetas de todos los funcionarios que anduvieron pidiendo el voto y todos se comprometieron a esclarecer el caso Jonathan. Estoy esperando yo todavía a mi amigo Barroso, lo sigo esperando, lo que me prometió también, de que nos iba a ayudar, y no sé de qué manera pretenda ayudarnos, a lo mejor todavía no está en posición de hacerlo, pero lo sigo esperando. No me gustaría que me defraudara como lo han hecho los funcionarios de esta administración […] Ni diputados locales, ni diputados federales, ni senadores, ni magistrados, ni nadie le quiere entrar al caso, yo creo que han de pensar que les va a perjudicar en su carrera política, eso me imagino yo, pero les hago un comentario a estos funcionarios: al contrario, yo creo que les va a beneficiar entrarle al caso de mi hijo, y no nada más al de mi hijo, hay muchos más, porque ahorita, como está la situación, lo que queremos es ver funcionarios honestos, no corruptos, y callarte y solapar y hacerte de los oídos sordos, de la vista ciega, pues es ser corrupto, porque no es otra cosa”.

Recordó que Isaí Josué Arias Famanía, subprocurador de Investigaciones Especiales, no ha ofrecido avances en lo que respecta a la investigación de funcionarios que viciaron expedientes y entorpecieron investigaciones, exaltando en este punto la incongruencia de la PGJE al considerar que el expediente fue viciado y al mismo tiempo basarse en él para continuar la investigación del homicidio y perpetuar los errores cometidos, como acusar a Daniel José Sánchez Ávila de ser “el asesino solitario”, dijo.

 “Yo me pregunto: ¿A quién le creo? ¿A Mendoza, a Gamil, a Armando Martínez, al mismo gobernador? ¿A quién le creo? Porque todos se han comprometido, y nada, puro jugarme el dedo en la boca”.

Por último, Hernández Aguirre reitera su postura, insistiendo en que permanecerá al pie de lucha hasta que se castigue a los culpables del asesinato de su hijo, donde la participación de familiares de políticos encumbrados ha nublado toda solución:

“Yo aquí voy a seguir, yo no voy a parar hasta el último día de su trabajo como procurador y como gobernador […] Tenemos que seguir, no se me van a regresar a mi hijo pero queremos que paguen las personas que lo hicieron, tanto funcionarios, como cómplices, como asesinos”.

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