Se quedó sin permisos Paraíso del Mar
Paraíso del Mar.
El desarrollo Paraíso del Mar contemplaba la urbanización de 504 hectáreas con dos mil cincuenta cuartos hoteleros, más de cuatro mil viviendas, dos campos de golf de dieciocho hoyos y una marina exterior con capacidad para 535 embarcaciones.

La Paz, Baja California Sur.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ratificó la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Paraíso del Mar, propiedad del empresario local Luis Cano y ubicado en un humedal Ramsar de importancia internacional, en la zona conocida como El Mogote, revelaron este 20 de febrero las organizaciones ambientalistas Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Asociación de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos y su Hábitat (AICMMARH), Tiburón Ballena México AC y la asociación civil ConCiencia México.

El TFJFA determinó que Paraíso del Mar no cumple con la Norma NOM-Semarnat-022-2003, que se refiere a la protección de manglar. Cabe destacar que  a pesar de ello la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa la deforestación de manglar, hecho suficiente para declarar como nula la Autorización de Impacto Ambiental (AIA).

Ya desde agosto de 2010 el TFJFA resolvió que la AIA del complejo turístico es ilegal, pese a lo cual siguió operando sin autorización desde entonces, aún y cuando éste ilícito era del pleno conocimiento de la Secretaría de medio ambiente.

Agustín Bravo Gaxiola, representante de CEMDA en el noroeste del país, señaló que «este proyecto presentó graves irregularidades desde un inicio y constituyó una mala jugada para los compradores, quienes han sido engañados desde hace un tiempo”:

“La empresa siguió vendiendo a sabiendas de que carece de autorización ambiental. Esto los puede hacer pasar una muy mala experiencia. Estamos a favor de la inversión en el sector turístico, pero con una visión de desarrollo turístico sustentable y dentro del marco de la legislación ambiental del país».

El desarrollo Paraíso del Mar contemplaba la urbanización de 504 hectáreas con dos mil cincuenta cuartos hoteleros, más de cuatro mil viviendas, dos campos de golf de dieciocho hoyos y una marina exterior con capacidad para 535 embarcaciones.

«La Ensenada de La Paz es hábitat crítico para madres con crías de delfines costeros, conocidos como tursiones, y parte de la marina Paraíso del Mar ya se construyó ilegalmente justo en esta zona con mayor presencia y actividad de estos cetáceos. Los tursiones son una especie muy sensible al ruido provocado por el tráfico de embarcaciones y, en particular, el dragado de marinas que ya provocó una pérdida de hábitat registrada en el 2005 cuando se hizo el dragado para la marina Singlair, donde los delfines se alejaron de la zona. Nunca se evaluó el impacto que les pudo haber ocasionado la construcción y operación del muelle de Paraíso del Mar en la zona donde pasan las madres más tiempo enseñando a cazar a los delfines jóvenes junto al mangle, es importante mencionar que deben adquirir esta técnica de alimentación mediante el aprendizaje, y la Ensenada es la única laguna de crianza para esta agrupación de delfines semiresidentes», indicó la directora de AICMMARH, doctora Rocío Marcín.

Por su parte, la directora de Tiburón Ballena AC, proyecto de ConCiencia México, doctora Dení Ramírez, sostuvo que «la construcción de una marina en el área del manglar afecta a los tiburones ballena, especies amenazadas que visitan La Bahía de La Paz para alimentarse”:

“Nuestros datos de investigación obtenidos desde el 2004 muestran que la zona es un área de crianza de tiburones ballena que encuentran alimento y protección contra depredadores. En la Bahía de La Paz, a pesar de que el tiburón ballena y su hábitat representan un importante capital natural con uso turístico, nuestros datos científicos muestran que de noviembre de 2004 a abril del 2011 el porcentaje total de daños causados por embarcaciones ha aumentado del 31 al 67 por ciento por año».

Finalmente, Bravo Gaxiola apuntó: «Con esta sentencia, el proyecto se queda sin instancias legales a las cuales acudir, por lo cual ahora está en manos de esta administración actuar en consecuencia. En los próximos días someteremos una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con lo que confiamos que actuará de inmediato para terminar con esta impunidad».

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