Que la Procuraduría “no sea selectiva” en el caso De la Rosa, exige diputado
Omar Antonio Zavala Agúndez se dijo en espera de que la Procuraduría de Justicia Estatal, donde despacha Gamil Abelardo Arreola Leal, no sea selectiva y lleve a buen término la investigación de los delitos que se derivan de las denuncias de los ex diputados respecto al manejo financiero de la XII Legislatura.
Omar Antonio Zavala Agúndez se dijo en espera de que la Procuraduría de Justicia Estatal, donde despacha Gamil Abelardo Arreola Leal, no sea selectiva y lleve a buen término la investigación de los delitos que se derivan de las denuncias de los ex diputados respecto al manejo financiero de la XII Legislatura.

Omar Antonio Zavala Agúndez se dijo en espera de que la Procuraduría de Justicia Estatal, donde despacha Gamil Abelardo Arreola Leal, no sea selectiva y lleve a buen término la investigación de los delitos que se derivan de las denuncias de los ex diputados respecto al manejo financiero de la XII Legislatura.

Esto, luego de que el Procurador General de Justicia del Estado ha vertido dichos ante la opinión pública en torno a una denuncia infundada.

Mientras el Procurador del Estado ha mencionado que debió ser el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado y no los entonces diputados Sonia Murillo, Macías, Adolfo González Agúndez, José Humberto Mayoral López y Felipe Prado Bautista y Miguel Cota Katzenstein quien tomara en sus manos el asunto, Zavala Agúndez, mencionó como marco legal respectivo, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige la función investigadora del Ministerio Público.

Además, están los artículos 7º y 12º del Código de Procedimientos de la Procuraduría y los numerales 32 y 47 del mismo dispositivo, que disponen, entre otras cosas, las facultades del Ministerio Público durante la fase investigativa, de entre las que se observan el efectuar la práctica de todos los actos conducentes para acreditar los elementos del cuerpo del delito, la probable responsabilidad del indiciado y los datos que permitan individualizar la pena y los derechos del ofendido, entre los que se encuentran el decidir libremente si acusa en los casos de delito de querella, así como a recibir asesoría legal gratuita del Ministerio Público y ser informado de los derechos que, en su favor, otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dicho código.

Para tal efecto, el diputado expuso que es trabajo del Fiscal Investigador “tomar parecer pleno al ofendido, que a criterio del Abogado del Estado, sería el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso”

“Lo legal sería que se cite a comparecer al titular de éste último, para asesorarlo legalmente y tomarle parecer sobre si desea querellarse”, dijo el diputado y abogado penalista.

El diputado no dejó de decir que sería importante saber la opinión al respecto del abogado que asesoró en aquellos momentos a los mencionados ex diputados.

“Hoy, dicho profesionista, ostenta una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado”, esgrimió.

El diputado priista finalizó su carambola de acotaciones legales hablando del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Gil Cueva Tabardillo.

El legislador expresó que, “como ex Presidente de la Gran Comisión, debe aclarar ante la ciudadanía en qué parte específica del presupuesto se encuentran regulados los gastos, por demás excesivos, efectuados por los ex diputados denunciados”.

“Hasta el momento, Gil Cueva no ha emprendido acción alguna, lo que deja ver una actuación en coparticipación y tampoco ha dado respuesta al efecto”,  puntualizó.

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