Pierden privilegios maestros sudcalifornianos

La SCJC anuló beneficios otorgados a mentores antes de la reforma educativa

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La Suprema Corte de Justicia anuló los privilegios que les fueron otorgados por el Congreso de Baja California Sur a los maestros que ya tenían esa función antes de concretarse la Reforma Educativa.

La Paz, Baja California Sur.- Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó cinco artículos permanentes y tres transitorios de la Ley de Educación Estatal, publicada en el año 2014 e impugnada por el Ejecutivo Federal mediante controversia constitucional.

Los ministros reiteraron criterios sostenidos en siete controversias previas en contra de leyes educativas locales, en las que se buscó mantener prerrogativas para los maestros, que no estaban previstas dentro de la reforma constitucional ni de las leyes generales de Educación y del Servicio Profesional Docente.

“Las autoridades a que se refiere esta Ley, se obligan a respetar íntegramente los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación y las promociones adquiridas mediante los procesos administrativos correspondientes”, decía el artículo cuarto transitorio anulado por la Suprema Corte de Justicia.

El quinto transitorio, en tanto, establecía una serie de beneficios no previstos a nivel federal para los maestros que ya tenían plaza permanente antes de la reforma y al reprobar tres evaluaciones, tuvieron que ser adscritos a otras funciones.

Dichos beneficios incluían que se le reasignara en el mismo centro de trabajo o la misma localidad.

Además, la Suprema Corte también anuló el sexto transitorio por otorgar derechos a trabajadores con nombramiento provisional previo a la reforma.

En cuanto a los artículos permanentes, se anularon la facultad de la Secretaría de Educación estatal para fijar el calendario de preescolar, ya que los Estados sólo pueden hacer ajustes a los calendarios que emita la SEP federal, pero no crear sus propios calendarios.

También se eliminaron párrafos de los artículos 60 y 66, que permiten a la autoridad local incluir sus propios requisitos en las convocatorias para ingresos al Servicio Profesional Docente y para ascenso a cargos de dirección, pues esa también es una facultad federal.

La Corte tardó casi tres años en resolverse la controversia contra Baja California Sur, en contraste con las promovidas por el Ejecutivo contra otros estados, que fueron despachadas entre septiembre y octubre de 2015.


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