No le cuadran a la Auditoría Superior de la Federación las cuentas de la Secretaría de Finanzas
José Antonio Ramírez Gómez, secretario de finanzas
La Secretaría de Finanzas (SF) de Baja California Sur (BCS), a cargo de José Antonio Ramírez Gómez, es de las dependencias estatales con más observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación

La Paz, Baja California Sur.- La Secretaría de Finanzas (SF) de Baja California Sur (BCS), a cargo de José Antonio Ramírez Gómez, es de las dependencias estatales con más observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando se trata de la aplicación correcta de recursos etiquetados provenientes del gobierno federal. Tan sólo en 2011, la ASF presume probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, por parte del gobierno estatal, por un monto superior a los trescientos millones de pesos

En el Ramo 12, sobre los acuerdos de coordinación con el Seguro Popular, la ASF precisa que el gobierno de BCS no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud, “ya que al 31 de diciembre de 2011 no se habían devengado 24,420.2 miles de pesos, que representaron el 23.8% del total de los recursos por concepto de Cuota Social y el 7.1% de las quejas recibidas por el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur fue porque no se proporcionó completo el medicamento prescrito, con lo que se limitó de manera sustancial la atención de la población que no tiene acceso a la seguridad social en salud al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran de mayor calidad”.

En este apartado, se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de diez millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y siete pesos, “por haber destinado recursos de la Cuota Social para financiar otros programas que no corresponden pagar con dichos recursos, y no se han reintegrado en la cuenta bancaria del Seguro Popular 2011”.

Las cuatro quejas más recurrentes del Seguro Popular en 2011 fueron: Atención médica deficiente; personal médico insuficiente; cobro indebido de medicamentos, estudios de laboratorio o consulta médica; y no se surtió el medicamento o no se surtió completo.

En torno al Ramo General 33, específicamente hablando del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), fueron observadas la SF y la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología (SEPUIE).

La ASF considera que el gobierno del estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, pues “falta documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos por 93,820.6 miles de pesos y 30,309.0 miles de pesos no identificados en la cuenta bancaria específica del FAFEF 2011”.

Entre otras observaciones, se presumen daños a la Hacienda Pública Federal por un monto de más de ciento veinte millones de pesos. Treinta millones trescientos ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos son “por concepto de recursos transferidos a otras cuentas bancarias y sus rendimientos financieros generados de los cuales no se identificó su aplicación y destino”, y noventa y tres millones ochocientos veinte mil quinientos sesenta y nueve pesos se deben a “la falta de documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos del fondo”.

Asimismo, la ASF le recomienda a la Contraloría General del Estado (CGE), a cargo de Maritza Muñoz Vargas, que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no elaboraron un proyecto ejecutivo completo ni realizaron una adecuada planeación para la obra «Remodelación del Caimancito», lo que ocasionó la formalización de diversos convenios modificatorios en tiempo, sin que a la fecha se concluyan los trabajos contratados; en contra también de los servidores públicos que no presentaron evidencia de los inventarios de treinta y cinco conceptos de bienes adquiridos correspondientes a equipo de cómputo, licencias de software, mobiliario de oficina, escáner y otros; de los funcionarios que no presentaron un contrato de adquisición de bienes, las fianzas de anticipo y cumplimiento, ni el dictamen que acredita y justifica su adjudicación directa; así también, a aquellos que no acreditaron que los recursos del FAFEF 2011, destinados para la modernización de los sistemas de recaudación local, hayan permitido ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual hubiera generado un incremento neto en la recaudación.

En torno a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), fueron auditadas la SF; el Comité del Consejo Estatal de Seguridad Pública; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4); la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Centro Estatal de Control y Confianza, y la SEPUIE.

Aquí, la ASF presume daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Federal por más de veinte millones de pesos: cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos “debido a que se destinaron a pagos de nómina de dieciocho personas que no corresponden al personal técnico especializado para administrar y operar la Red Nacional de Telecomunicaciones, los Sistemas Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066, Denuncia Anónima 089, ni con el mantenimiento y operación de los mismos”; cuatro millones cuatro mil quinientos veinticuatro pesos “por pagos de servicio de telefonía que debieron pagarse con recursos estatales”; dieciséis millones trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y siete pesos “debido a que se realizaron pagos por concepto de percepciones extraordinarias a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Ceresos y del Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes sin contar con los exámenes toxicológicos vigentes en 2010 y 2011, con los lineamientos, políticas y montos a distribuir entre el personal beneficiado, ni con la notificación de la carga oportuna de la información establecida en el Módulo de Percepciones Extraordinarias”.

Finalmente, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) fue mal aplicado por la SF y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur (SEPBCS), a cargo esta última de Alberto Espinoza Aguilar. Se presumen daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal por un monto superior a los ciento treinta millones de pesos: dos millones quinientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y seis pesos “por haber realizado pagos a siete trabajadores adscritos en centros de trabajo administrativos donde realizaron funciones que no corresponden al objetivo del fondo”; dos millones cuatrocientos un mil ciento cuarenta y tres pesos “por haber realizado pagos de gastos de operación a partidas no financiables y por no contar con la documentación soporte que ampara el gasto de algunas partidas”; treinta millones setecientos veintidós mil setecientos noventa y ocho pesos “por haber realizado pagos a sesenta y cuatro trabajadores comisionados a la Sección III del SNTE y a dieciocho trabajadores adscritos a un centro de trabajo AGS, cuando estas comisiones debieron ser otorgadas sin goce de sueldo”; tres millones veintiún mil ciento siete pesos “por haber realizado el pago a trece trabajadores adscritos en tres centros de trabajo no financiables con FAEB”; así como noventa y nueve millones ciento noventa y seis mil setecientos once pesos “debido a que de los recursos no ejercidos se desconoce el destino y aplicación a los fines del fondo”.

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