Mercantilista y excluyente la Ley General de Aguas

De aprobarse podría desbordar la crispación social en el país, advierten

maximino

El dirigente estatal del Sindicato de Burócratas dijo que más allá de un enfoque privatizador, la mejora en el funcionamiento de los organismos operadores de agua potable en el país precisa de una mayor participación ciudadana en las juntas de gobierno de estos organismos.

La Paz, Baja California Sur.- Además de comprometer la soberanía nacional, la Nueva Ley General de Aguas (cuya votación fue aplazada por acuerdo de la Junta de Coordinación Política) que se promueve en el Cámara Federal de Diputados podría desbordar la crispación social en el país, porque su propuesta mercantilista restringiría el acceso al vital líquido para millones de familias que se encuentran en la pobreza extrema, advirtió Maximino Iglesias Caro, dirigente estatal del Sindicato de Burócratas.

Al sostener un encuentro con los integrantes de su comité estatal, Iglesias Caro se sumó a la voces que rechazan a nivel nacional esta iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas, ya que tiene un enfoque mercantilista del líquido que sitúa en un segundo plano el derecho humano de acceso a ese recurso, mientras privilegia el logro de utilidades que la prestación de este servicio generaría a la iniciativa privada, sostuvo, Iglesias Caro.

Señaló que al permitir la participación directa de agentes privados en el sector, el desarrollo de infraestructura hídrica y prestación de servicios, como es la distribución y tratamiento del recurso, tendría como su más alta prioridad el logro de ganancias, de ahí que existan un argumento válido para afirmar que esa iniciativa despojaría a los sectores más vulnerables de la población de su derecho humano al agua.

Expresó el líder burócrata, que ante situaciones como la inseguridad, decrecimiento económico y falta de poder adquisitivo, entre otros, existe ya un nivel crítico de inconformidad social en el país, por lo que consideró que iniciativas como esta -que representan un riesgo fundado para la calidad de vida de toda población, ”podrían desbordar la crispación, por lo que hizo un llamado de prudencia a los legisladores federales.

Afirmó que en un caso tan delicado como este, en el que está a debate la futura administración del recurso más elemental para la supervivencia misma de la nación, la discusión tiene que darse con argumento técnicos, no con censuras, ni descalificaciones.

El dirigente estatal del Sindicato de Burócratas dijo que más allá de un enfoque privatizador, la mejora en el funcionamiento de los organismos operadores de agua potable en el país precisa de una mayor participación ciudadana en las juntas de gobierno de estos organismos, de tal manera que se transparente el ejercicio de los recursos públicos y se prioricen las obras a desarrollar por estos organismos con base en las propias necesidades expuestas por la población.

Por su parte, Edith Aguilar Villavicencio, diputada independiente, hizo un llamado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión “para que se detenga en forma definitiva el proceso parlamentario de la Ley General de Aguas” que se analiza en el Poder Legislativo Federal por ser una norma que de entrar en vigor atentaría contra los mexicanos, ya que privatizaría el vital líquido.

Aguilar Villavicencio puntualizó que la imposición de criterios de tipo mercantil en el acceso al vital líquido “derivaría en escenarios similares a otros procesos de privatización del agua en el mundo “los cuales lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al líquido, han terminado por entregar los recursos hídricos a corporaciones trasnacionales caracterizadas por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales”.

La legisladora alertó sobre la cada vez menor disposición de agua en el país y en el estado “la sobreexplotación y la contaminación poco a poco han ido dejando a mexicanos y sudcalifornianos sin acceso a este vital elemento”, por lo que se pronunció por una legislación con sentido social, que garantice el acceso de todos al servicio y que se establezcan en la propuesta de nueva Ley General de Aguas mecanismos específicos para el cuidado de este importante elemento.

En nuestro país la palabra privatización ha significado a lo largo de la historia reciente un proceso de primero cambiar las leyes y posteriormente crear negocios particulares al amparo de esa ley, para posteriormente construir un monopolio, precisando que luego viene el agotamiento del recurso o la quiebra de la empresa, entrando el Estado a su rescate “como lo hemos visto en infinidad de ocasiones en México”.


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