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“Todo lo están haciendo mal”

También la destitución del Secretario General fue ilegal, no sólo el retiro de la concesión

Arturo Rubio Ruíz

Tratando de solventar “políticamente” la catástrofe, el Ayuntamiento buscó a un chivo expiatorio propicio, y no encuentro mejor candidato que el ex secretario general, a quien “sacrificaron” en aras de salvar la imagen edilicia ante la opinión pública, aseguró el presidente del Colegio de Postgraduados de Derecho y Ciencias Afines en la entidad, Arturo Rubio Ruíz.

La Paz, Baja California Sur.- El presidente del Colegio de Postgraduados de Derecho y Ciencias Afines de Baja California Sur, Arturo Rubio Ruíz, concedió una entrevista a Peninsular Digital y a pregunta expresa de si procede una denuncia en contra de los ediles por el quebranto económico que se está dando en la XV Administración Municipal de La Paz, dijo en tono enfático: “Desde luego que procede una denuncia contra los miembros del Cabildo que participaron en la toma de las decisiones erróneas que hoy generan un grave detrimento al erario municipal; y habrá que proceder penalmente en su contra y exigir que sean severamente sancionados”.

Agregó que también se debe empezar a trabajar en la constitución de la Contraloría Ciudadana, y en el marco legal regulatorio del acceso al servicio público para evitar que tanto improvisado arribe al cargo público, o de lo contrario, nunca vamos a detener el derroche y desfalco de la cuenta pública, aseguró Rubio Ruíz.

“Cierto es que la anterior administración municipal paceña concesionó el servicio de alumbrado público a una empresa particular. La actual administración, la de Armando Martínez Vega sin llevar a cabo el procedimiento legal adecuado, y en un ejercicio abusivo de facultades, determinó cancelar dicha concesión, y por ende la empresa afectada interpuso demanda de amparo, y solicitó la suspensión del acto reclamado”, refirió el reconocido jurisconsulto.

Ante ello, acotó, el Tribunal Colegiado otorgó la suspensión definitiva, “y si bien no se ha resuelto el asunto de fondo, al obsequiar dicha suspensión deja entrever en su resolutivo que la cancelación de la concesión es ilegal. El pronóstico es que el ayuntamiento perderá el juicio y el quebranto económico será elevado”, dijo.

Y es que durante el proceso de cancelación de la concesión la actual administración municipal evidenció su desconocimiento de los procesos administrativos, dando pie a la querella de la empresa concesionaria, y generando un quebranto patrimonial a las arcas municipales, esto en grave perjuicio para la sociedad paceña.

Ante tal situación, explicó el presidente del Colegio de Postgraduados de Derecho y Ciencias Afines, que “durante la tramitación del incidente de suspensión dentro del juicio de amparo, quedó claro que el área jurídica del municipio carece de los conocimientos y experticia necesarios para realizar adecuadamente la labor encomendada, y ello devino en una deficiente exposición argumentativa y nula fundamentación en su intento por sostener la legalidad de la cancelación de la concesión”.

Pero fue más allá Arturo Rubio Ruíz, pues señaló que dos errores en la administración pública habrán de pagar los gobernados: Uno, el indebido proceso de cancelación de la concesión y la deficiente defensa del Ayuntamiento ante los tribunales de amparo, que tratando de solventar “políticamente” la catástrofe, el gobierno de Armando Martínez Vega buscó un chivo expiatorio propicio, y no encontró mejor candidato que en la persona del ahora ex secretario general, Isidro Ibarra Morales, a quien “sacrificaron” en aras de salvar la imagen edilicia ante la opinión pública.

Otro error, puntualizó Rubio Ruíz, fue el procedimiento de destitución del secretario general, pues tal situación resultó ilegal, y en consecuencia, si el afectado demanda adecuadamente podrá ser legalmente indemnizado.

Finalizó diciendo que irónicamente, al “sacrificar” a Isidro Ibarra Morales, realmente lo que hacen es premiarlo con un prolongado periodo vacacional a cargo del erario municipal, y paradójicamente siendo el “responsable” de haber perdido el juicio de amparo, lo salvan de las acciones que en vía de apremio ejerza la Justicia Federal, pues habiendo quedado fuera de la administración municipal se verá exento de las sanciones que la Ley de Amparo previene para el desacato de una sentencia de amparo, que van desde la multa y destitución del encargo, hasta la pena de prisión, argumentó el jurisconsulto entrevistado.


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