La criminalización de los deportados de Tijuana

La criminalización de los deportados de TijuanaTijuana, Baja California – Tras el desalojo de los habitantes del canal del Río Tijuana del pasado lunes 5, se ha reavivado el debate sobre los deportados que viven en la ciudad. En lo que va de año, cerca de 68 mil personas han sido deportadas de Estados Unidos a Tijuana, y el presente y futuro de casi todas ellas es prácticamente desconocido. Muchos se quedan en la ciudad para poder intentar volver a cruzar ilegalmente la frontera, otros buscan establecer su vida en ella y pocos regresan a sus lugares de origen. Medios internacionales también se han hecho eco del desalojo y del conflicto migratorio de Baja California como es el caso de el periódico El País (el más leído en España y con creciente audiencia en toda Latinoamérica). En un artículo publicado cuatro días después de los acontecimientos del canal, explica cosas como que “Los condenados deportados cometen uno de cada tres delitos ocurridos en la ciudad (Tijuana), según las autoridades mexicanas” y que “más de la mitad de los 225.000 deportados mexicanos de EE UU han estado en la cárcel”.

La Coalición Pro-defensa del Migrante es una de las organizaciones de más prestigio en Baja California con más de 10 años de trabajo en albergues de Tijuana y Mexicali. Hace 3 años lanzaron el Programa de Defensa Internacional con presencia en cuatro zonas fronterizas: Baja California, Aguapietra, Sonora y Ciudad Juárez. Su trabajo es documentar casos de violaciones de los Derechos Humanos a mexicanos durante el proceso de deportación. La abogada Esmeralda Flores presentó en la tarde del miércoles los resultados del informe anual en una conferencia celebrada en el campus de Mexicali de la UABC. “Lo que arroja este segundo informe es que la mayoría de violaciones que denuncian los migrantes son en los centros de detención; ya sea por la temperatura, la calidad de la comida, la negación a servicio médico, maltratos, privación de llamada, etc”. La abogada Flores, continúa explicando que cuando una persona está en proceso de deportación no tiene derecho a un abogado de oficio, por lo que si  desea presentar defensa legal debe ser contratando a uno privado. “La mayoría de ellos no tiene recursos y en EE.UU. existe el constante problema del fraude por parte de personas o notarios públicos que se hacen pasar por abogados. Denuncian que no tienen acceso a un intérprete calificado; a veces es el mismo agente de migración el que traduce (a medias) los documentos. Tampoco les entregan la resolución migratoria que certifica el tipo de salida del país (el motivo de expulsión), dificultando el trabajo de seguimiento y asesoría”.

Rafael Morales, jefe de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, afirma que no existen estadísticas oficiales sobre el índice de delitos cometidos por personas deportadas y que ni si quiera se puede establecer cuántos deportados han sido detenidos relacionados con cualquier tipo de crimen. Cabe añadir que los deportados de Tijuana son arrestados y custodiados por el mero hecho de ser indocumentados, algo que no puede considerarse un “crimen” como tal. Es un hecho que ocurre constantemente en la ciudad, sobre todo en la zona norte, el lugar más cercano al canal del río y por donde la policía patrulla las 24 horas. Por su parte, la representante del departamento de Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración, Aide Rosales, también confirma que no se tiene registro alguno de deportados ex-convictos o con antecedentes. Cuando una persona es deportada a México, el récord delictivo legal acumulado en Estados Unidos no existe. Sin embargo, tanto en el informe presentado por Esmeralda Flores como desde las organizaciones de apoyo a migrantes a uno y otro lado de la frontera, se observa que en los últimos años, el motivo de expulsión suele ser por un delito leve o incluso una falta. “Los migrantes en Estados Unidos están siendo deportados por manejar con un foco roto o un carro sin licencia, y tampoco pueden obtenerla legalmente”. En Estados Unidos, ser indocumentado también es delito.

Así las violaciones de los Derechos Humanos no terminan en Estados Unidos. Los migrantes deportados, cuando llegan a Tijuana o Mexicali, vuelven a ser objeto de la violencia. Por una parte: las mafias de la ciudad y en especial las de “el bordo”. Muchos deportados sufren ataques la misma noche de llegada a México, donde además de sangre pierden el poco dinero y documentación que portaban. Luego estas mismas mafias les exigen derecho de piso en el canal o en ciertos lugares donde se hospedan. Una vez convertidos en indigentes expatriados y orillados a vivir de la buena voluntad de las limosnas, también son acosados por policías corruptos que les agreden y extorsionan.

Roberto Vivar Baltazar era chef en un restaurante de Nueva York (uno de los Estados “seguros” para los migrantes), y luego de ser detenido por orinar en el andén del tren subterráneo, fue deportado hace cuatro meses después de vivir más de 30 años en Estados Unidos. Llegó buscando trabajo hasta Los Cabos, sin suerte. La semana pasada fue a visitar un restaurante del bulevar Aguacaliente atraído por un cartel que anunciaba vacantes en cocina y limpieza. Roberto habló de su dilatada experiencia profesional adquirida en diversos restaurantes de Estados Unidos a las entrevistadoras, quienes en principio parecían contentas. “Me preguntaron de dónde soy, y les contesté que nací en Ciudad de México pero que siempre viví al otro lado. Y me respondieron que no contrataban a deportados, que me regresara a Estados Unidos o al D.F.”. Roberto, además, es de los pocos deportados que conserva en regla su documentación mexicana, aunque de nada le está sirviendo. Flores se posiciona en contra de la criminalización de los migrantes y añade que “la mayoría de gente se trata de gente trabajadora que busca el bienestar de su familia y sus hijos y que únicamente buscan poder asentarse en la sociedad”.

El negocio de las prisiones al otro lado

El negocio de las prisiones al otro lado

Suele ocurrir que en una misma noche o en cuestión de pocos días, un migrante detenido en Estados Unidos sea internado hasta en varios centros de detención distintos, sin aviso ni explicación alguna, dificultando la comunicación de éste con sus familiares o con su abogado. La mayoría de los detenidos por delitos migratorios son llevados a cárceles privadas que tienen concertado el servicio penitenciario con la Agencia de Migración y Aduanas (ICE). Actualmente, casi el 80% de los más de dos millones y medio de reclusos de las prisiones estadounidenses son inmigrantes, en su mayoría latinos y afroamericanos.

Estas cárceles privadas cobran en base a cada persona que entra o es registrada como recluso, por lo que Esmeralda Flores intuye que “es por puro negocio”. Las concesionarias penitenciarias firman acuerdos multimillonarios con la administración pública, y ya se han convertido en un lobby lo suficientemente poderoso como para presionar ciertos estamentos del gobierno estadounidense. Una de ellas, la GEO Group, se autodenomina en su página web como “el proveedor líder mundial de sistemas correccionales, detención, y servicios de reinserción de la comunidad con 95 instalaciones de aproximadamente 72.000 camas y 18.000 empleados en todo el mundo. (Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Sudáfrica)”. GEO ganó más de 25 millones de dólares durante el primer trimestre de este año, un 56% más que el mismo periodo del año anterior, y continua expandiéndose mediante la compra de otras instalaciones.  Algunas organizaciones como Border Angels (de San Diego), dicen temer que la nueva Reforma Migratoria estadounidense (que está a expensas de ser debatida en la Cámara de Representantes), pueda traducirse en un aumento de las detenciones a indocumentados.


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