“Desaparece” empresa dejando a 80 empleados en la calle
Blue Crab
Dolphin Blue Crab pertenece al estadounidense Robert Walls y tiene como representantes a Marco Antonio Óngaro y Yolanda Raquel Villegas Arreola.

La Paz, Baja California Sur.- Alrededor de ochenta trabajadoras de la despicadora de jaiba Dolphin Blue Crab, que operaba en el interior de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, fueron desalojadas de las instalaciones de la empresa sin recibir remuneración o siquiera explicación alguna, simplemente perdieron su empleo el 1 de julio y nadie responde por la despicadora.

Dolphin Blue Crab pertenece al estadounidense Robert Walls y tiene como representantes a Marco Antonio Óngaro y Yolanda Raquel Villegas Arreola. El trío dejó de pagar la renta del inmueble a la universidad prometiendo a sus trabajadoras que cambiarían de domicilio la empresa, mas esto nunca ocurrió y la universidad desalojó a los morosos, mientras las trabajadoras, algunas con hasta siete años de antigüedad, se quedaron en la calle.

Al ocurrir esto, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) les ofreció asesoría, y una comitiva de trabajadoras se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde revelaron que no sólo fueron echadas sin finiquito ni explicaciones sino que en todo su tiempo de existencia Dolphin Blue Crab jamás pagó utilidades a sus empleados y realizó puntualmente descuentos del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) sin cubrir las cuotas correspondientes a las propias instituciones.

Martha Cecilia Garzón López, encargada del despacho de la PGJE, dirigió a las trabajadoras a la subsecretaría general de gobierno, donde fueron atendidas por un comité interdisciplinario del Gobierno del Estado para buscar una solución a la grave problemática que tiene en la desesperación a casi ochenta familias.

Irene Cosío Burgoin, una de las trabajadoras, explicó que “el licenciado Rodrigo Serrano [jurídico del Gobierno del Estado] se va a hacer cargo del asunto”, agregando que aún se calcula la cifra monetaria que le tocará a cada trabajadora por su indemnización.

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