De nuevo exigen la destitución del Procurador de Justicia
Daniel Hernández Aguirre
Daniel Hernández Aguirre realizó un llamado al gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, indicándole que “ya es hora de que ponga un alto a esta falta de respeto hacia la sociedad por parte de la Procuraduría

La Paz, Baja California Sur.- Luego de que el Juez Segundo de Distrito en el estado otorgara un Amparo a favor de Daniel José Sánchez Ávila, decretando como inconstitucional la medida de arraigo aplicada en su contra por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien lo acusa de ser autor material e intelectual del homicidio del abogado Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido el 4 de marzo de 2010 en el bar Las Micheladas, así como de atentar contra la vida del hermano del occiso, Daniel, y su primo, Héctor Hernández, el padre del abogado, Daniel Hernández Aguirre, mostró que es evidente que el procurador de justicia de la entidad, Gamil Abelardo Arreola Leal, “no tiene capacidad de investigación” ni capacidad para “impartir la justicia”.

Hernández Aguirre realizó un llamado al gobernador de Baja California Sur (BCS), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, indicándole que “ya es hora de que ponga un alto a esta falta de respeto hacia la sociedad por parte de la Procuraduría […] Es hora de que se dé cuenta de que este señor no está capacitado para ese cargo […] Este señor tiene que ser destituido definitivamente”.

Aprovechando los medios de comunicación, el señor Daniel Hernández busca hacerle ver al gobernador Covarrubias Villaseñor que la integración del expediente incriminatorio de Daniel José Sánchez Ávila estuvo mal integrado desde sus cimientos, principalmente al basarse en las declaraciones de los testigos.

“Dicen los testigos que dispararon del barandal, y a mi hijo le dispararon de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo […] Desde ese momento ya no había delito que perseguir para este muchacho, porque las personas que estaban declarando eso estaban mintiendo, definitivamente”.

El padre de Jonathan manifestó que Arreola Leal respondió indebidamente a la presión y, a como diera lugar, trató de cumplir el compromiso que pactó con su familia, la familia Hernández Ascencio, así como con la sociedad sudcaliforniana: cerrar el caso Jonathan de manera diáfana y justa por lo que supone que “se les hizo fácil detener a esa persona”, lamentó.

En este sentido, culpó a las autoridades de tergiversar investigaciones judiciales y cometer constantes actos de negligencia:

“Para mí, los culpables son los funcionarios. El gobierno no tiene el valor civil, y el respeto, como para aclarar un caso […] Para mí los culpables son ellos, los funcionarios que no quieren hacer su trabajo como debe de ser […] Voy a ir a buscar al gobernador, a ver si todavía tengo las puertas abiertas, como me lo prometió hace mucho. Siempre me ha recibido, no tengo nada de qué quejarme, pero hay que decirle que hay un problema con su procurador y la incapacidad de su trabajo de investigación”.

“Yo creo que el caso de mi hijo Jonathan va a quedar como un símbolo de impunidad y corrupción. Yo tengo la esperanza de que algún día llegue un gobierno y lo aclare, yo creo que va a ser la carta de presentación de cualquier gobierno que entre, aclarar este caso, porque estos gobiernos que han pasado no se animan a aclararlo. Yo lo voy a decir sinceramente, yo creo que al que le tienen miedo es a Fernando González Rubio, [procurador de justicia en el periodo que su hijo fue asesinado]. Yo no sé por qué le tienen miedo, si se supone que ellos son los jefes, pero le tienen miedo. Ahí está la verdad, él la sabe. Fernando González Rubio, Karim Lizárraga, todos los MP que desfilaron, la Juez que estuvo también ahí, la famosa Fiscalía que pusieron. A ellos los pusieron para que no se aclarara el caso de mi hijo Jonathan, para proteger a los asesinos de mi hijo, entonces, ahí está la verdad, que no le busquen por otro lado, que detengan a esas personas y ahí van a descubrir la verdad, que ya dejen de andar haciendo teatro, circo, capturando gente inocente”.

Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre de 2012 Arreola Leal y el director de la Policía Ministerial del estado solicitaron un Amparo en contra del delito de Privación Ilegal de la Libertad, apenas unos días antes de que el Juez Federal dictaminara como inconstitucional la manera en que la PGJE arraigó a Sánchez Ávila. Todo parece indicar que el procurador se pone el huarache antes de espinarse, esperando que su fuero quede invalidado luego de ser separado del cargo.

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