Comondú y La Paz en la mira de auditores federales
ASF
Comondú y La Paz son los únicos municipios de Baja California Sur (BCS) que recibieron observaciones y recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a la aplicación de recursos federales aplicados durante 2011.

La Paz, Baja California Sur.- Comondú y La Paz son los únicos municipios de Baja California Sur (BCS) que recibieron observaciones y recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a la aplicación de recursos federales aplicados durante 2011.

El municipio panista, presidido por Venustiano Pérez Sánchez, muestra su principal deficiencia en lo referente a seguridad pública. En primer lugar, abrió dos cuentas bancarias para la recepción de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y transfirió el total de los recursos ministrados a una cuenta de nómina, desde donde el 50.6% se destinó para el pago de salarios del personal sindicalizado del Ayuntamiento, esto sin enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las retenciones realizadas al personal policial y sindicalizado por concepto de ISR, y a pesar de que se invirtió el 49.4% en seguridad pública sólo lograron certificar el 34.0% de los 289 elementos policiales, “lo que restó posibilidades para atender con calidad la seguridad pública de sus habitantes”, indica la ASF.

Pérez Sánchez y sus funcionarios realizaron “erogaciones y registros del subsidio por 1,481.4 miles de pesos, mismos que no están amparados con los documentos comprobatorios y justificativos originales; transferencia de recursos del subsidio a otras cuentas del municipio; se adquirió una camioneta tipo pickup sin cumplir con las especificaciones del transporte terrestre; se pagaron conceptos de obra no ejecutados por 32.7 miles de pesos; se fraccionó la adquisición del equipo para el personal de seguridad pública por 2,605.3 miles de pesos, adquiriéndose con un solo proveedor a quien se le adjudicó de manera directa sin sustentar de manera suficiente la excepción a la Licitación Pública; no se promovió la participación ciudadana en materia de prevención del delito; y no se enviaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes del formato único y los indicadores de desempeño”.

A pesar de que el municipio de Comondú destinó el 10 % de los recursos ejercidos a la elaboración de un diagnóstico local sobre la realidad social, económica, cultural, de la violencia y delincuencia, y en la elaboración de un plan municipal para la prevención del delito, no promovió la participación ciudadana en esta materia, “lo que puso en riesgo el correcto cumplimiento de los objetivos del subsidio”.

El proceso de profesionalización del personal operativo observa poco avance, como lo manifiesta el hecho de que no se tiene implementado el Servicio Profesional de Carrera Policial, en virtud de que no existe ninguna evidencia documental ni normativa, además, los resultados de las evaluaciones que realizó el Centro de Evaluación de Control de Confianza las resguarda el presidente municipal y no la trasmite a las área correspondientes para determinar las acciones de control.

A pesar de que Pérez Sánchez destinó más de dos millones de pesos a la capacitación de sus policías, no dispone de los resultados obtenidos en las evaluaciones de control y confianza, habilidades, destrezas, conocimientos de la función y desempeño en el servicio, tampoco homologó el Manual de Procedimientos Policiales con el Manual Básico del Policía Preventivo, “lo que mermó la correcta contribución para el logro de los objetivos del subsidio”.

Por último, la ASF señala que en la administración comundeña no existen medios para informar al personal municipal sobre sus obligaciones y responsabilidades; que el alcalde no evalúa ni revisa periódicamente el trabajo realizado por el personal responsable del ejercicio de los recursos del SUBSEMUN; Comondú no cuenta con controles establecidos para evitar que se realicen transferencias de recursos del SUBSEMUN entre los diferentes fondos y programas ejecutados por el municipio; no cuenta con mecanismos para evitar que se realicen pagos por conceptos de obra no ejecutados; no cuenta con controles para armonizar la contabilidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; no cuenta con un programa de seguridad pública que oriente sus actividades en esa materia; y no cumplió con el envío de la información trimestral a la SHCP.

Hablando del municipio de La Paz, los dictámenes sobre su desempeño administrativo fueron favorables, no obstante, en el Ramo General 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), donde fueron auditas las áreas de Tesorería Municipal, a cargo de Rosendo Castro Orantes, y las Direcciones de Obras Públicas, a cargo de Tito Fenech Cardoza, y Desarrollo Social, donde estuvo al frente Araceli Domínguez, hoy delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur consideró que el Ayuntamiento de La Paz destinó más de medio millón de pesos a la compra de tinacos, cuando el recurso no se encontraba etiquetado para ello, así como cerca de doscientos cincuenta mil pesos a obras que jamás se llevaron a cabo.

“Cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente en este informe y que se refieren principalmente a 632.4 miles pesos en compra de tinacos para el mejoramiento de las viviendas, que no está prevista en la normativa aplicable, y a 243.9 miles de pesos en obra pagada no ejecutada. Además, no se abrió una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del fondo y no se informó a los habitantes, al término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados”.

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