Cinco años de impunidad del carreterazo que dejó 21 muertos

A cinco años de distancia las autoridades locales no han señalado al responsable del accidente, pese a que la autoridad federal dictaminó que la unidad del Transporte Urbano de La Paz no tenía permiso para transitar en carretera

 Al cumplirse este día cinco años del accidente carretero ocurrido el 5 de abril del 2005, donde perdieron la vida veintiún personas que fueron acarreadas a la toma de protesta del Gobernador del Estado, Narciso Agúndez Montaño, todavía la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha determinado nada aún sobre la responsabilidad penal de la empresa Transporte Urbano de La Paz, la cual no contaba con los permisos legales correspondientes para circular en la red carretera federal, así como tampoco el Gobierno del Estado ha explicado el por qué se indemnizó a parte de los deudos de las víctimas con recursos del erario público, asunto que le correspondía hacerlo de manera directa a la empresa.

Durante los primeros meses luego de ocurrido el trágico accidente, el Gobierno del Estado erogó más de 2 millones de pesos para la atención de personas lesionadas e indemnización a familiares de las víctimas.

Las veintiún víctimas del carreterazo del 05 de abril del 2005, ocurrido en el kilómetro 158 tramo La Paz-Ciudad Constitución a eso de las nueve de la noche, luego de haber sido acarreados a la toma de posesión de Narciso Agúndez Montaño, según en su oportunidad el Gobierno del Estado, dijo había erogado poco más de 2 millones de pesos, los cuales les reintegró la empresa Transporte Urbano de La Paz al propio Gobierno del Estado, pero sin haber presentado pruebas documentales en ese sentido.

Hasta la fecha el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no ha actuado en consecuencia por la vía penal en contra de la empresa Transporte Urbano de La Paz, debido a que cualesquier homicidio colectivo se persigue por oficio, pero hasta el momento se ha rendido un informe sobre el particular.

El Gobierno del Estado cubrió, con recursos del erario público, gastos médicos para los lesionados, pago de indemnizaciones a una parte de los familiares de las víctimas, así como también se responsabilizó de hospedaje, alimentación y traslado de los deudos, cuando todo ello le correspondía hacerlo a la empresa Transporte Urbano de La Paz.

Mientras que el dictamen técnico de la autoridad federal responsabilizó a la empresa Transporte Urbano de La Paz, pero el Gobierno del Estado no actuó en consecuencia dado que dicha compañía le facilitó las unidades para el acarreo de las víctimas a la toma de posesión del aún Gobernador del Estado.


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