Busca Pitalla realizar exploración directa en San Antonio
San Antonio BCS
Le empresa canadiense, hoy por hoy, tiene concesionados 480 millones de metros cuadrados en todo el estado, dentro de los cuales ya les fue rechazado un proyecto por parte de SEMARNAT al pretender explotar oro en una mina de tajo abierto.

La Paz, Baja California Sur.- Las organizaciones ambientalistas Sociedad de Historia Natural Niparajá, Agua Vale Más que El Oro, Medio Ambiente y Sociedad (MAS) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), advirtieron este martes que la minera canadiense “Argonat Gold Inc.” presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un informe preventivo por el cual busca realizar planes de exploración minera directa dentro de un polígono de 10 millones de metros cuadrados en el ejido San Antonio, municipio de La Paz, “a pesar  de que el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) prohíbe este tipo de actividades”.

El informe preventivo que se encuentra en las oficinas de SEMARNAT tiene por nombre “Proyecto de Exploración Minera Directa ‘Texcalama’, San Antonio, Municipio de La Paz, B.C.S.”, en donde se deja ver que Argonat Gold Inc., a través de su filial mexicana La Pitalla, solicitó la autorización para los trabajos de exploración de 400 barrenos, cuando el PDU del municipio de La Paz prohíbe el aprovechamiento industrial en esa zona.

Agustín Bravo Gaxiola, representante de la oficina noroeste del CEMDA, señaló: “¿Por qué siguen expandiendo sus planes si el PDU no permite el desarrollo de obras en la zona específica donde pretende operar la mina? El área del proyecto se ubica en la Unidad de Gestión Ambiental U29, tipificada como ‘sin aprovechamiento industrial’, además el área del proyecto se encuentra dentro de la delimitación ‘protección ecológica de aprovechamiento’”.

Le empresa canadiense, hoy por hoy, tiene concesionados 480 millones de metros cuadrados en todo el estado, dentro de los cuales ya les fue rechazado un proyecto por parte de SEMARNAT al pretender explotar oro en una mina de tajo abierto.

“Por las condiciones particulares de nuestra estrecha península, que permite que los contaminantes que se liberan en la sierra lleguen con rapidez a nuestros litorales, y por el alto potencial de devastación del monte y contaminación del aire, el suelo y los acuíferos, son totalmente inaceptables los megaproyectos de minería tóxica que pretenden ubicarse en nuestro estado”, indicó Ángel Peralta, integrante de MAS.

Por su parte, Ariel Ruiz Castillo, presidente de Agua Vale Más Que Oro, dijo: “No nos cansaremos de decirlo, este y otros proyectos mineros se pueden detener de una vez por todas, está en manos del estado y el ayuntamiento escuchar a las miles de voces sudcalifornianas, apoyar un turismo sustentable y detener la minería tóxica. Por ello es importante reanudar en lo inmediato el proceso de elaboración de un Ordenamiento Ecológico que hasta el momento ha estado detenido”.

Finalmente, Meredith de la Garza Treviño, directora ejecutiva de Niparajá, hizo un llamado  “al nuevo titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, para que apoye la real vocación turística del estado y no apruebe proyectos mineros que amenazan nuestra salud y los recursos naturales”.

Por otro lado, el senador de la república del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Mendoza Davis, presentó este mismo martes 4 de diciembre una iniciativa de reforma para prohibir la minería con fines metalúrgicos en áreas naturales protegidas y en zonas de desarrollo turístico sustentable.

En su intervención en la tribuna del senado, Mendoza Davis hizo un llamado a los legisladores para garantizar que la minería opere en regiones donde las vocaciones productivas garanticen que sólo se reciban sus beneficios y donde los riesgos inherentes a la actividad sean los menores.

“No olvidemos que en muchas partes de país, incluyendo a mi estado, Baja California Sur, porque carecemos de ella, el agua vale más que el oro,” afirmó el senador panista, quién planteó a sus compañeros senadores la posibilidad de tener un modelo de convivencia, en donde mediante un marco legal se pueda “desarrollar la minería en zonas territoriales determinadas, al mismo tiempo que se preservan nuestros recursos naturales, el medio ambiente y el turismo”.

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