Aún hay solución para la UABCS. “No está en tan grave peligro” considera SEP federal
A pesar de la situación de nuestra Universidad, según el reciente estudio que devela lo anterior, la SEP no considera que estemos en tan grave peligro como las Universidades estatales de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen.
A pesar de la situación de nuestra Universidad, según el reciente estudio que devela lo anterior, la SEP no considera que estemos en tan grave peligro como las Universidades estatales de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) calcula que entre el 2023 y el 2033, la Universidad Autónoma de Baja California Sur podría encontrarse en una situación insostenible, de no emprender nuevas reformas de financiamiento. La SEP sugiere que esto se debe al pago de jubilados y pensionados, por lo que recomendó a las Universidades que establezcan una edad de 65 años de edad y 40 de trabajo, como mínimo, para que sus trabajadores puedan retirarse; “suspender o disminuir las pensiones a quienes se las hayan otorgado sin razón alguna”, también aclaró la Secretaría.

A pesar de la situación de nuestra Universidad, según el reciente estudio que devela lo anterior, la SEP no considera que estemos en tan grave peligro como las Universidades estatales de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen, que mantiene bajo el perfil de situación insostenible; en situación “crítica” o “muy crítica” las de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas; considerando que sólo las Universidades de Baja California, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, reúnen la capacidad de financiamiento para afrontar el la cantidad de trabajadores que se retirarán durante un siglo.

La “Evaluación del ahorro y diagnóstico de los resultados obtenidos por las reformas a los beneficios que otorgan a sus trabajadores”, que llevó a cabo, por encargo de la SEP, el asesor Carlos Jorge Soto Pérez entre 33 universidades públicas estatales, da a conocer que el escenario en el que se mueven 21 de ellas no sólo puede desequilibrar la economía de las instituciones, sino también, por consecuencia, la de los estados y la del gobierno federal.

Otra de las recomendaciones que hace Soto Pérez a través de dicha evaluación es la creación de estímulos a la permanencia, lo que se traduciría en entregar una indemnización salarial de 10% a quienes en lugar de jubilarse sigan trabajando; otra recomendación es eliminar las dobles pensiones, pues avivará a que los trabajadores ejecuten aportaciones a su fondo de retiro y se desatarán los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, para ligarlos al acrecentamiento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para finalizar, el asesor contratado por la SEP sostiene que “estas modificaciones, seguramente poco populares entre los afectados, corresponden a una postura realista, pues si no es posible garantizar en el largo plazo los beneficios pactados, es necesario ajustarlos a los niveles que permitan su adecuado financiamiento”.

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