En Juzgado de Baja California Sur

Admiten primer amparo contra Ley de Seguridad Interna
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Será el próximo 29 de enero la fecha en la que se verifique la audiencia constitucional, por lo que la Contraloría Ciudadana está reuniendo firmas para presentar una demanda colectiva.

La Paz, Baja California Sur.- El abogado Arturo Rubio Ruíz, en su calidad de representante legal de LETRAS AC, Transparencia Sudcaliforniana, dio a conocer que el Juzgado Primero de Distrito con residencia en la ciudad de La Paz, admitió la primera demanda de amparo en contra de la reciente aprobada Ley de Seguridad Interior.

Apuntó el jurisconsulto que bajo el número de registro 3/2018 fue admitida dicha demanda interpuesta en contra de la emisión, publicación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, y que se señaló las 09:35 horas del próximo 29 de enero para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

“Es importante sumarnos a este ejercicio, y por ello la Contraloría Ciudadana está reuniendo firmas para presentar una demanda colectiva”, dijo Rubio Ruíz.

Agregó que en breve se hará pública la convocatoria popular, y explicó que lo único que se necesita para formar parte de la demanda colectiva, es tener la mayoría de edad y contar con una identificación oficial para poder suscribirla.

Como se recordará la aplicación de la Ley de Seguridad Interior implica la suspensión de facto de derechos constitucionales, ya que el Ejército podrá instalar retenes en vías públicas, revisar automóviles y otras propiedades, así como requerir, sin mandato judicial, todo tipo de información sobre particulares a los órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Lo anterior se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, pues se explica que se vulnera artículos de la Carta Magna, en la cual se consagra el respeto a los derechos humanos, entre ellos los apartados 11, 14, 16 y 29, referidos a la libertad de tránsito, a no ser molestados en su persona o propiedades y en la protección de datos personales.

Finalmente en su estudio, el mismo Instituto Belisario Domínguez del Senado, resalta que la Ley de Seguridad Interior faculta a las fuerzas armadas a realizar actividades de inteligencia y a hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, con lo que abre la posibilidad de que puedan solicitar datos de particulares, no sólo a órganos autónomos.

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