Verifica PROFEPA retiro de las cabañas Solmar

En el lugar sólo quedaron las bases de concreto que funcionaron como anclaje y soporte

cabanas

Concluyó el retiro de cuatro cabañas debido al procedimiento administrativo instaurado por la delegación de la PROFEPA en la entidad, tendiente a la reparación del daño ambiental por la construcción de varias cabañas sin contar con autorización de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de imponerse a la citada empresa una sanción económica.

La Paz, Baja California Sur.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente constató mediante una visita de verificación, que la empresa Centro de Promociones Los Cabos San Lucas S.A. de C.V. concluyera con el retiro de cuatro cabañas ubicadas en el Hotel Solmar de Cabo San Lucas.

Como se recordará, la medida fue dictada en el procedimiento administrativo instaurado por la delegación de la PROFEPA en esa entidad, tendiente a la reparación del daño ambiental por la construcción de estas cabañas sin contar con autorización de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de imponerse a la citada empresa una sanción económica de más de un millón de pesos.

En cumplimiento a lo anterior, la empresa Centro de Promociones Los Cabos San Lucas S.A. de C.V. presentó ante la dependencia un programa calendarizado para llevar a cabo las actividades de demolición y retiro de las cabañas antes señaladas, mismo que fue ejecutado en tiempo y forma y verificado en todo momento por parte de la PROFEPA.

En el lugar sólo quedaron las bases de concreto que funcionaron como anclaje y soporte de las cabañas, con el fin de evitar ocasionar daño al ambiente, debido a que la mayoría de éstas se encuentran ancladas a la roca natural que se encuentra en el sitio.

Lo anterior, contribuye al objetivo de garantizar lo señalado en el Artículo 4°, Párrafo Quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.


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