Sobre el papel del defensor en el Sistema de Justicia Penal

Imparten diplomado en UABCS Los Cabos
diplomado
Jueces, magistrados y especialistas del Derecho aportarán sus experiencias y conocimiento al diplomado “El defensor en el Sistema de Justicia Penal” que se imparte actualmente en UABCS Los Cabos.

Los Cabos, Baja California Sur.- Con la participación de defensores públicos y privados, profesionistas del Derecho y alumnos universitarios, recientemente dio comienzo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Académica Los Cabos, el diplomado “El defensor en el Sistema de Justicia Penal” con la intención de que dichos actores representen de forma correcta al imputado durante todo un proceso jurídico, tomando en cuenta los derechos de la víctima y de todos los involucrados, partiendo de la presunción de inocencia y el principio “pro-persona” del imputado.

El diplomado en cuestión está compuesto por una etapa introductoria y los módulos Etapa de Investigación, Etapa Intermedia y Juicio Oral. El primero de ellos, que se desarrolla actualmente, es impartido por el M.D. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur y catedrático del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UABCS.

Su duración será aproximadamente de tres meses, y contará con la participación de instructores de amplio prestigio que desempeñan como jueces, magistrados y especialistas en el nuevo sistema; esto con el fin de asegurar la calidad de sus contenidos.

Bajo la coordinación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, este esfuerzo forma parte del Programa de Profesionalización de Operadores y Comunicadores en el Sistema de Justicia Penal en el país, que busca contribuir a su mejora continua.

En total son 18 universidades de México las que participan en esta estrategia, seleccionadas por la ANUIES por contar con el Distintivo de Idoneidad Curricular que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aquellas instituciones que cuentan con infraestructura de alta calidad y que contemplan en sus planes de estudio materias relacionadas con el Sistema de Justicia Penal.

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