API – Baja Ferries, matrimonio por conveniencia
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Mariano Ruano comentó que en ningún puerto de México se cobra el servicio de ATP, lo que vuelve más extraña la ilegalidad que busca perpetrar la paraestatal. Esta tarifa, dijo, se traduce en el peaje más caro del mundo, pues se cobran más 187 pesos por el derecho a transitar menos de 500 metros.

La Paz, Baja California Sur.- A pesar de cualquier resolución de los juzgados la relación entre Baja Ferries y la Administración Portuaria Integral (API) persistirá, asegura Mariano Ruano, propietario de la naviera.

Esto se deriva del pleito legal que sostienen ambas empresas por el cobro de una tarifa llamada Acceso a Terminal Portuaria (ATP), misma que Baja Ferries no considera legal y que la API busca cobrar a como dé lugar.

“Existen buenas relaciones desde luego con la API, simplemente la única controversia que hemos tenido es en el monto del cobro y en la forma del cobro [….] Definitivamente la relación con API debe de existir, o sea, es un servicio que se complementa, no puede haber barcos si no hay puerto ni puerto si no llegan barcos [….] El litigio se está llevando a cabo, estamos ya próximamente en los alegatos y cada quien aportó las pruebas que atañen al caso, entonces esperamos la resolución y, en su momento, lo que decidan los jueces se acatará”.

El señor Ruano comentó que en ningún puerto de México se cobra el servicio de ATP, lo que vuelve más extraña la ilegalidad que busca perpetrar la paraestatal. Esta tarifa, dijo, se traduce en el peaje más caro del mundo, pues se cobran más 187 pesos por el derecho a transitar menos de 500 metros:

“Disfrazan un servicio de báscula que el mismo oficio de autorización dice que es a solicitud del usuario y lo están imponiendo [….] Un servicio que ya en la actualidad no funciona, no debe de hacerse, no se hace en ningún puerto, sólo a solicitud de los usuarios y para ciertas cargas que tienen que ser controladas, por ejemplo graneles [….], y en este caso no es así, así que desde luego que consideramos que nos asiste la razón”.

Finalmente, el propietario de la naviera aclaró que “este es un problema que heredó la administración”, no es propio de Marcos Covarrubias Villaseñor, e hizo un pequeño recuento del caso:

“En 2010, a raíz de la crisis económica que se generó en 2009, el Gobierno Federal decretó que no había aumentos en ningún tipo de servicios, entonces recibimos una carta en donde el único incremento era esta tarifa y se nos hizo raro y hablamos con la gente en su momento que estaba en la API y les dijimos que de qué se trataba, porque era un aumento del ochenta por ciento, entonces hicimos la consulta a la SCT de qué tipo de cobro se debía y nos contestaron que no existía ni registrada ni autorizada ese tipo de tarifa. En ese momento hablamos con el director del API que existía en ese momento y le dijimos que no íbamos a cubrir ese costo por no ser un servicio autorizado”.

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